Una batalla pacífica por la educación

Diversos estamentos universitarios y sociales se vincularon a la marcha nacional realizada el jueves diez de noviembre.

El proyecto de reforma a la educación superior generó en Colombia una movilización que se ha calificado como histórica. Los estudiantes de la Universidad del Cauca se vincularon a este proceso, se declararon en asamblea permanente, y adelantaron actividades de diverso orden para buscar apoyo en amplios sectores de la ciudadanía.

Por: Silvana Bolaños Torres
silvanatorres@unicauca.edu.co
Colaboración en reportería:
Ana Cristina Noboa

Habían pasado siete semanas desde el inicio de clase y los estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social estaban cansados de la ausencia de un profesor de Lectura y Escritura. Los muchachos se organizaron y eligieron a Laura Cristina Londoño para que en su representación, exigiera explicaciones ante el Vicerrector Académico. Respuesta del funcionario: que la asignatura era una Fish y podían  tomarla el próximo semestre, junto a la clase de Periodismo.

Reacción de Laura Cristina: indignación total; la materia era prerrequisito según el pensum del programa, por lo que la propuesta resultaba absurda. Por eso, cuando dos meses después el Movimiento Estudiantil inició en la Universidad del Cauca la movilización en contra de la Ley 30 de 1992 y su reforma, Laura no dudó en unirse, porque según ella, “todos los programas tienen problemas estructurales y esos problemas tienen un origen en la manera como se maneja la educación superior en el país”. 

En toda Colombia, los estudiantes de universidades públicas y privadas habían  prendido las alertas desde el tres de octubre de 2011, día que la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó ante la Comisión VI de la Cámara de Representantes, el proyecto de Nueva Ley de Educación Superior. De inmediato la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) le exigió al Gobierno que retirara el proyecto y convocó a un paro nacional el doce de octubre. Ese mismo día, varias universidades públicas del país declararon el paro indefinido y salieron a marchar. La consigna: exigir una educación gratuita, pública y de calidad. El objetivo: que la ministra Campo retirara el proyecto de ley y que el Gobierno se comprometiera a dialogar para construir una propuesta conjunta que asegurara la solución del problema de la educación en Colombia.

A la par, Laura Cristina y miles de estudiantes de la Universidad del Cauca recorrían las calles de Popayán haciendo sentir su voz de protesta, en compañía de campesinos, usuarios de servicios públicos y otros sectores sociales. ¿Qué reportaron los medios? Dos periodistas heridos y varios daños materiales. La Asamblea General Estudiantil expresó su rechazo al hecho de que los medios de comunicación locales sólo se refirieran a los daños materiales y a los periodistas lesionados, y no a “la alternativa, artística y colorida movilización”. 

Tanto estudiantes como docentes, mostraron su descontento por el cierre de la mayoría de edificios de la universidad, una decisión administrativa que pretendía evitar desórdenes. Por todo esto, los estudiantes resolvieron ponerse “pilas” y, tras las reuniones en las diferentes facultades, se declaró la asamblea permanente el 20 de octubre y se acordó que la movilización sería pacífica, intentando evitar los actos violentos.

Esta era una buena noticia para Laura Cristina, pues sabía que organizarse alrededor del arte y la cultura le daba la oportunidad de aportar desde su área: la comunicación. Así que se unió a la comisión de comunicaciones, una de las cinco que se crearon para organizar las acciones de protesta; las otras eran la comisión de organización y movilización (cultura y deporte), la comisión de educación, la comisión de derechos humanos y la comisión de logística y finanzas. Laura pensó que si más allá de los grafitis y las piedras se establecían formas alternativas de convencer a los payaneses de apoyar su causa, sería más fácil “generar afectos en la comunidad y así poder transmitir el objetivo del Movimiento”.

¿Cuál era el objetivo?

Lograr “tumbar” la reforma que se venía elaborando desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la que se pretendía “subsanar los problemas de financiación de la educación superior”. 

Las razones de estudiantes y profesores

Frente a la reforma a la Ley 30, son cuatro los puntos que más se han discutido. El primero, el ánimo de lucro de la universidad pública: la propuesta abría paso a esta posibilidad, lo que, según estudiantes y docentes, pondría en riesgo la calidad de la educación. El gobierno afirmaba que lograría aumentar la cobertura y generar recursos, mientras quienes se oponen argumentan que la universidad pública no puede comportarse como una empresa, ya que sus fines son distintos.

Al respecto, William Ospina y Ángela Suárez, como parte del Comité de Trabajo Gremial de PROES, Proceso de Organización Estudiantil, de la Universidad

Nacional de Colombia, en Palmira, aseguraron en el 2010 que “el Estado colombiano debe encargarse de la total financiación de la educación superior pública, la cual esté supeditada al cumplimiento de las actividades misionales y a garantizar la educación como un derecho del pueblo”. 

El segundo punto era el de la inversión privada en la universidad pública, propuesta por el gobierno frente a la limitación actual de recursos. Según la MANE, el tres por ciento de aumento en la inversión estatal que proponía el gobierno, no sería suficiente y “de ahí, la diversificación de fuentes de financiación y la búsqueda de mecanismos para atraer capital privado a la educación”.

La comunidad académica afirmó que el sector privado sólo invierte cuando los resultados favorecen sus intereses y éstos podrían chocar con la misión y función de las universidades. Con este aspecto también tiene que ver el tercer punto: la inversión del Estado. El gobierno proponía aumentar recursos para las universidades públicas en un uno por ciento adicional al IPC en el 2012, un dos por ciento en el 2013 y un tres por ciento entre el 2014 y el 2019, lo cual, sostienen las universidades, no alcanza. 

Esta era una de las mayores  preocupaciones del rector de la Universidad del Cauca, Danilo Reinaldo Vivas, en caso de que, como en efecto sucedió, se retirara el proyecto del Congreso, pues no se sabría a ciencia cierta qué iba a  pasar con ese tres por ciento. Un cuarto punto era la autonomía universitaria: la reforma le otorgaba al Ministerio de Educación mayor poder para vigilar y sancionar a las universidades públicas, lo que podría significar una pérdida de la autonomía de las mismas. 

La comunidad académica exigió que se mantuviera “el principio de la Autonomía Universitaria en pro de la democratización de la universidad, promoviendo la vinculación de los diferentes estamentos en la construcción colectiva de la política académica y educativa”. Sin embargo, el gobierno aseguró que el proyecto fortalecía la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. 

Por su parte, los profesores de la Universidad del Cauca exigen soluciones en relación con la situación legal y los derechos de los denominados profesores “ocasionales y catedráticos”. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) pidió a la Universidad que “garantice el pago total de salarios y prestaciones de esta gran mayoría de profesores, tal como lo ordenan las sentencias y normas constitucionales”.

Besos, abrazos, fuego, discusión y cultura

Un día, un grupo de muchachos se daba abrazos y besos alrededor de la fuente del claustro de Santo Domingo. Otro, en el asfalto de las calles que rodean ese mismo claustro, Laura Cristina y sus compañeros de la comisión de comunicaciones dibujaba con tizas de colores, desde consignas de “no a la Ley 30” hasta un juego de rayuela. Ese mismo día, implementaron una biblioteca comunitaria, a donde cualquiera podía acercarse y consultar los textos, ya fueran referentes a la reforma, o libros como El principito, llevados por los estudiantes para compartir. 

Afuera de facultades como la de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y la de Ciencias Humanas, los habitantes de la ciudad veían a grupos de muchachos reunidos realizando foros y talleres sobre la ley 30 y su reforma, o sobre cómo elaborar máscaras. Muchos ciudadanos se molestaron porque algunas actividades invadían el espacio público, pero según Ximena Mosquera, integrante del Movimiento Estudiantil, eso sucedió “porque lo ideal hubiera sido que se mantuvieran las puertas de la universidad abiertas, sin embargo nunca ocurrió”.

Paradójicamente, esto los acercó más a la comunidad. Otra actividad que unió a la ciudadanía y los universitarios fue la realización de “ollas comunitarias”. Laura Cristina cuenta que cuando iban a la plaza de mercado del barrio Bolívar a comprar ingredientes, algunos vendedores  les regalaban varios de sus productos. Laura y el resto de representantes que viajaron a Bogotá, a participar de las mesas de  concertación de la MANE, llevaron esta iniciativa. Éxito total, pues uno de los problemas de muchas universidades del país es que no cuentan con los comedores universitarios.

“Y la lucha continúa…”

El 16 de noviembre, Laura Cristina pudo celebrar pues al fin veía los frutos de un trabajo organizado en todo el país: la Ministra de Educación retiró formalmente del Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. El Consejo Académico programó el regreso a clases para el 28 de noviembre, pero según Laura cristina, después de dar esta batalla y de sentir que el proceso ha avanzado, los estudiantes no pueden desistir, deben seguir trabajando por una universidad pública y de calidad, donde, por ejemplo, no tengan que esperar semanas para que les asignen un profesor.